Diputado Vargas se manifiesta ante declaraciones del Senador Julen Rementería

Isabel Ortega. Xalapa. “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra” fue la respuesta del diputado local Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, que se manifestó en medio de una entrevista del senador Julen Rementería del Puerto, quien acudió al Congreso local a pedir una auditoría sobre la asignación de obras de educación, y pidió la homologación de la ley local para permitir la revocación de mandato.

El legislador federal explicaba a los medios de comunicación sobre su presencia en el recinto legislativo, cuando el integrante de la Comisión de Educación y Vigilancia del Congreso local llegó a plantarse para exhibir presuntas irregularidades en el periodo de Julen Rementería como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

A pesar de su intento por confrontar al panista, éste lo ignoró por lo que el legislador recordó que a su paso por SIOP, Julen Rementería fue observado por la asignación de 52 obras por un monto de 394 millones de pesos en el año 2017.

Y en la revisión del 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), observó 38 contratos por un monto de 28 millones de pesos, dijo el legislador.

“Se le olvida que en su gestión tuvo obras inconclusas, licitaciones simuladas por 54 millones de pesos por 477 obras;  284 fueron asignadas de manera directa, más del 60 por ciento de las obras que tuvo; y 117 fueron pon invitación; y sólo 79 por licitación pública”, denunció ante los medios de comunicación.

Incluso, recordó que el panista benefició a la empresa Izal inmobiliaria, que tiene como principales accionistas al exdirigente del PAN, Pepe Mancha y la actual diputada Montserrat Ortega

Por lo que insistió que la postura de Julen Rementería es solo con la intención de golpear mediáticamente a Morena y al titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar, “pues quieren distraer la atención porque les duele la disminución de prerrogativas”

Insistió que el titular de la SEV ya salió a aclarar los dichos, por lo que sus señalamientos son infundados y sin sustento legal para proceder a una auditoría.

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